Es el núcleo de la práctica: defensa técnica en investigación y juicio para personas naturales vinculadas a cualquier tipo de delito común. El trabajo empieza desde el primer contacto con la Fiscalía —muchas veces en la propia audiencia de captura— y continúa hasta la sentencia, verificando en cada etapa que se respeten las garantías procesales y que la teoría del caso se construya sobre evidencia, no sobre presunciones.

• Capturas y libertad: acompañamiento inmediato en audiencia de legalización de captura, medida de aseguramiento y habeas corpus.
• Narcotráfico: defensa en todas sus modalidades, desde el porte hasta el tráfico y fabricación de estupefacientes.
• Criminalidad organizada: concierto para delinquir y estructuras criminales bajo la Ley 1908 de 2018.
• Delitos contra la vida e integridad personal: lesiones personales, tentativa y homicidio.
• Delitos sexuales: defensa técnica con especial cuidado por la reserva del proceso.
• Violencia intrafamiliar: representación en ambos extremos del proceso.
• Delitos contra el patrimonio: hurto, estafa, abuso de confianza y extorsión.
• Delitos de tránsito: lesiones y homicidio culposo, conducción en estado de embriaguez.
• Delitos informáticos: fraude electrónico, suplantación y acceso abusivo a sistemas.
• Representación de víctimas: constitución en incidente de reparación integral y acompañamiento a lo largo del proceso.

Defensa de personas naturales, servidores públicos, directivos y empresas frente a investigaciones por delitos financieros y contra la administración pública, donde el expediente suele ser voluminoso y la evidencia principalmente documental. La estrategia se apoya en un análisis contable y financiero detallado del caso, en coordinación con peritos cuando el asunto lo exige.

• Delitos contra la administración pública: cohecho, peculado e irregularidades contractuales.
• Lavado de activos: defensa en todas sus modalidades e instancias.
• Fraude financiero y societario: defensa de directivos y representantes legales.
• Enriquecimiento ilícito: particulares y servidores públicos.
• Delitos tributarios: defraudación y evasión fiscal.
• Delitos societarios: administración desleal y abuso de confianza calificado.
• Financiación de organizaciones criminales y financiación del terrorismo.

Cuando el proceso ordinario se ha agotado, la defensa no termina: existen mecanismos extraordinarios para corregir errores de derecho y revertir condenas injustas. Este frente exige un dominio técnico de la doctrina de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y una lectura minuciosa de todo el expediente en busca de vicios que ameriten su intervención.

• Recurso de apelación contra autos y sentencias de primera instancia.
• Casación penal ante la Corte Suprema de Justicia.
• Recurso de queja frente a la denegación indebida de apelación o casación.
• Acción de revisión frente a sentencias ejecutoriadas.
• Tutela contra providencias judiciales por vulneración de derechos fundamentales.
• Nulidades procesales por violación al debido proceso.
• Peticiones ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, agotados los recursos internos.

La extinción de dominio es un proceso autónomo, de naturaleza real y no penal, que puede afectar bienes propios o de un tercero aun sin condena de por medio. La defensa se centra en acreditar el origen lícito del patrimonio y en actuar con oportunidad frente a las medidas cautelares que suelen dictarse al inicio del trámite.

• Representación integral en procesos de extinción de dominio, desde la fase inicial hasta el fallo.
• Defensa de terceros de buena fe exenta de culpa.
• Levantamiento de medidas cautelares: embargo, secuestro y congelamiento de cuentas.
• Etapa de oposición y controversia probatoria dentro del trámite.
• Asesoría a sociedades y personas jurídicas vinculadas por bienes o activos en riesgo.
• Estrategias preventivas de protección patrimonial ante riesgos de vinculación.

Asuntos penales con un componente transfronterizo: procesos de extradición, cooperación judicial entre países y delitos que trascienden el territorio nacional. Este frente requiere coordinación con autoridades y, con frecuencia, con abogados en la jurisdicción extranjera involucrada.

• Extradición activa y pasiva: representación en todo el trámite.
• Notificaciones rojas de Interpol y órdenes de captura internacional.
• Cooperación judicial internacional y comisiones rogatorias.
• Delitos transnacionales: narcotráfico, trata de personas y lavado de activos internacional.
• Validez de pruebas obtenidas en el exterior y garantía de doble incriminación.
• Traslado de personas condenadas y ejecución de sentencias extranjeras.
• Acompañamiento a connacionales procesados fuera de Colombia.

La mejor defensa penal es la que se anticipa. Este frente es preventivo: acompaña a empresas y directivos en el diseño de controles internos que reducen la exposición penal de la organización y de quienes la representan, antes de que exista una investigación en curso.

• Diseño e implementación de programas de cumplimiento (SAGRILAFT, PTEE).
• Debida diligencia en la vinculación de terceros y contrapartes.
• Investigaciones internas y acompañamiento ante hallazgos.
• Auditorías internas y planes de remediación.
• Canales de denuncia (whistleblowing) y protocolos de atención de alertas.
• Representación ante entes de supervisión en procesos administrativos sancionatorios.
• Capacitación a directivos y empleados en riesgo penal corporativo.